Se le conoce como “Matrimonio infantil” a la unión legal o informal entre dos personas en la que al menos una de ellas es menor de 18 años. En México, entre 2010 y 2021 se registraron 153 mil uniones de este tipo, es decir, cerca de 38 casos cada día. 

Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país, pero sobre todo en Guerrero, en donde ocurre 1 de cada 5 casos. Entre las entidades con mayor frecuencia también están el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Puebla. 

Y ojo, aunque es un problema grave, los matrimonios infantiles no deben “satanizarse” y considerarse como “algo que pasa en las comunidades indígenas”, sino que deben ser vistos como lo que son: una consecuencia de la pobreza y desigualdad económica en el país, que sucede incluso en las grandes ciudades.

Antes de juzgar, considera que una niña no se casa por gusto, sino por: 

• Pobreza: la familia busca reducir la carga económica y tener “una boca menos que alimentar”. 
• Explotación: las familias reciben dinero o productos a cambio de entregar a su hija. 
• Causas culturales, usos y costumbres: otras mujeres en la familia (madre, tías o abuelas) vivieron lo mismo. 
• Huir de la violencia: con la esperanza de salir de un hogar donde hay maltrato y abuso.

De acuerdo con el estudio internacional “Girls not Brides” de Save The Children, el 26% de las mujeres mexicanas casadas o en unión, lo hicieron antes de cumplir los 18 años. 

Aunque el problema está normalizado, las mujeres son despojadas de sus infancias y juventudes, tienen mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y aumentan las probabilidades de que abandonen sus estudios. 

¡Buenas noticias!

Con todos los votos a favor, el Senado de la república aprobó modificar el Código Penal para poner fin al matrimonio forzado infantil, al matrimonio infantil y a la venta de menores de edad por parte de su familia por usos y costumbres, explotación y comercio sexual.

Ahora es un delito la “cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”. El castigo será entre 12 y 22 años y seis meses de prisión.